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Sicad II se hace más excluyente y menos flexible

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Vendido en su creación como una alternativa de flexibilidad al rígido control de cambio que opera desde 2003, el Sicad II se ha hecho más excluyente y menos flexible, contribuyendo claramente con un aumento desproporcionado del llamado dólar paralelo y de la inflación que vive la economía venezolana.

Las importaciones han caído más de 20% en lo que va de año, según registros oficiales, lo que habla claramente de un disminución de la oferta de divisas. La debilidad de las reservas internacionales, inducida por reformas monetarias que arrebataron al BCV no sólo su independencia, sino su capacidad de operador monetario, es un claro indicio de una situación compleja, cuyas soluciones no se ven claras en el panorama.

Centrada en el aspecto jurídico del problema -sumamente relevante- la abogada de KPMG, Alba Molina, analiza en el artículo que reproducimos a continuación, la contradicción entre la decisión del TSJ que declara sin lugar un recurso interpuesto sobre las presuntas consecuencias violatorias del orden constitucional de la limitación de divisas para importar papel para medios impresos, y la decisión de excluir a empresas del Sicad II por no pagar ISLR, aunque la no contribución se produzca por razones absolutamente legales.

El enfoque es muy interesante, pues plantea el drama de fondo que viven los agentes económicos en Venezuela.

A continuación, el texto del artículo:

“En Venezuela actualmente existe un Sistema Cambiario de tipo de Cambio Múltiple, integrado de la siguiente manera: Un tipo de cambio fijo consagrado en el Convenio Cambiario N° 14, que establece la tasa de cambio en seis bolívares con dos mil ochocientos cuarenta y dos diezmilésimas (Bs. 6,2842) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 6.30) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta.

Dos tipos de cambio variables que pueden ser resumidos así: El resultante de las subastas de divisas y títulos valores denominados en divisas,
administradas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), en coordinación con el Banco Central de Venezuela (BCV), a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD I), regulado a través de los Convenios Cambiarios Números 21 y 26, respectivamente, y que aplica tanto para los supuestos previstos en el Convenio N° 25 como para los sujetos señalados en cada convocatoria o subasta que reúnan los requisitos previamente indicados por las autoridades competentes.

El resultante de las operaciones de compraventa de divisas y títulos valores denominados en moneda extranjera administradas por el BCV y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (MPPEFB) a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). Las transacciones llevadas a cabo a través del SICAD II, podrán ser realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado provenientes de fuentes lícitas que deseen presentar ofertas, por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y por el BCV, así como por cualquier otro ente público expresamente autorizado por el MPPEFB, y, ha tenido como Tasa de Cambio Promedio de 49,935 Bolívares por Dólar Americano.

De este modo, a partir del 24 de marzo de 2014 todas las personas naturales y jurídicas pueden participar y realizar operaciones de compra y venta de divisas a través del SICAD II, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el Convenio Cambiario N° 27.

Este nuevo mecanismo, ha sido calificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como un mecanismo “flexible” para la adquisición de divisas, con el objeto de satisfacer la demanda de moneda extranjera.

En este sentido, la Sala Constitucional mediante Sentencia N° 702 de 13 de junio de 2014, en la cual declaró inadmisible el Recurso de Amparo Constitucional por la presunta amenaza de violación de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, información y la libertad de prensa del pueblo venezolano, por la negativa a entregar las divisas para la adquisición de papel periódico, sostuvo:

“Más recientemente, constituye, asimismo, un hecho público, notorio y comunicacional que desde el 24 marzo de 2014, el Banco Central de
Venezuela en coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Finanzas y Banca Pública, ha venido ejecutando diversas subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad II) para adquisición de divisas por parte de las personas jurídicas que constituyen los diversos sectores productivos del país.

En virtud de ello, no observa la Sala la supuesta vulneración constitucional del derecho a la libertad de expresión y particularmente del derecho de prensa denunciado, cuando constituye un hecho público y notorio que los organismos con competencia en materia económica y financiera del Estado, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, han llevado a cabo diversas subastas públicas que responden a las necesidades reales y efectivas del país para lograr la estabilidad económica y el bienestar del pueblo venezolano, con prevalencia en aquellos sectores indefectiblemente asociados al cumplimiento de los objetivos y fines del Estado” (…).

En este mismo orden, observa la Sala que en caso de que los accionantes, al momento de la interposición de la presente demanda, consideraban que la aducida falta de ejecución de las subastas públicas para la adquisición de divisas posteriores a la publicación del Convenio Cambiario N° 25 del 25 de enero de 2014, constituían la vulneración o amenaza de vulneración a sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, lo cual no comparte esta Sala, tal presunción de vulneración o amenaza de vulneración constitucional resulta igualmente inviable sobrevenidamente en virtud de la operatividad del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad II), mediante el cual, a partir del 24 de marzo de 2014, todas las personas jurídicas legalmente constituidas podrán acceder a este especial mecanismo cambiario, por lo que se hace patente la potencial participación de las empresas del sector papel en las subastas celebradas a través de dicho Sistema.” (Resaltado de la autora)

Concluye esta Máxima Instancia que: “… precisa la Sala señalar, por una parte, que justamente el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad II) evidencia la implementación de tales mecanismos más flexibles por parte del Estado venezolano…”.

Ahora bien, aun cuando el Máximo Tribunal de la República ha señalado que todas las personas jurídicas legalmente constituidas podrán acceder a este especial mecanismo cambiario, recientemente el Banco Central de Venezuela, mediante Circular de fecha 09 de septiembre de 2014 publicada en su portal web, estableció que no podrán tramitarse operaciones de compra de divisas a través del SICAD II, de aquellas personas jurídicas que de acuerdo con sus declaraciones de impuesto sobre la renta no resultaron obligadas al pago de dicho tributo en alguno de los referidos ejercicios, independientemente de que ello obedezca a la situación operativa o fecha de inicio de operaciones, a los ingresos obtenidos o, en virtud de la percepción exclusiva de rentas exentas o exoneradas del impuesto en cuestión, entre otros supuestos.

Esta nueva exigencia para la obtención de divisas, en un contexto económico como el de los últimos años, dejará fuera del mercado cambiario a muchas empresas que, aun cuando han contribuido a las cargas públicas con el pago de diversos tributos y aportes actualmente en vigencia, han reflejado pérdidas fiscales en sus declaraciones de Impuesto sobre la Renta; con lo cual el objeto de la implementación del SICAD II, como lo era, minimizar la brecha de los distintos tipos de cambio legales abriendo el mercado de compra y venta de divisas tanto a las personas naturales como jurídicas pareciera verse mermado.

En definitiva, ante este nuevo requisito surge una interrogante ¿Podemos seguir calificando al SICAD II como un mecanismos flexible para la adquisición de divisas?”

Por: Alba Molina

Abogado IV de KPMG Escritorio Jurídico
amolina@kpmg.com

 

 

octubre 1, 2014
Sicad II se hace más excluyente y menos flexible
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