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Ley Antimonopolio aumenta multas y sanciona faltas potenciales

MONOPOLIO 1 En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, fue publicado el Decreto de la Presidencia de la República N° 1.415 de fecha 13 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio. Entre las modificaciones más resaltantes destacan las siguientes: - Su objeto es la promoción, protección y regulación del ejercicio de la competencia económica justa, con el fin de garantizar la democratización de la actividad económica productiva con igualdad social, que fortalezca la soberanía nacional y propicie el desarrollo endógeno, sostenible y sustentable, orientado a la satisfacción de las necesidades sociales y a la construcción de una sociedad justa, libre, solidaria y corresponsable, mediante la prohibición y sanción de conductas y prácticas monopólicas, oligopólicas, abuso de posición de dominio, demandas concertadas, concentraciones económicas y cualquier otra práctica económica anticompetitiva o fraudulenta. - Define la actividad económica como toda manifestación de producción, distribución o comercialización de bienes y de prestación de servicios, dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad; la competencia económica como aquella actividad que permite a los sujetos regulados en este Decreto en su condición de sujetos económicos, acceder, actuar y participar en el mercado, como oferentes o demandantes, sobre la base de principios de complementariedad, intercambio justo y solidaridad, y que quienes estén dentro de él, no tengan posibilidad de imponer condición alguna en las relaciones de intercambio que desmejoren las posibilidades de actuación de los otros sujetos económicos; y la concentración económica como operaciones que confieran el control de la totalidad o parte de una actividad económica determinada, efectuadas por medio de adquisición, fusión o cualquier otra operación que permita incidir en las decisiones de una sociedad, que incremente su posición de dominio sobre el mercado. - Los sujetos de aplicación de este Decreto son las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades. Se contempla la exclusión de la aplicación del Decreto para organizaciones de base del poder popular regidas por la Ley Orgánica de Sistema Económico Comunal, empresas públicas o mixtas de carácter estratégico y empresas estatales de prestación de servicios públicos. - Consagra la prohibición de las concentraciones económicas que produzcan o refuercen una posición de dominio en todo o parte del mercado, o que puedan generar efectos contrarios a la competencia efectiva, la democratización en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. Adicionalmente consagra una excepción expresa de la aplicación de este Decreto a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, así como las contempladas en el sistema de economía comunal. - Respecto a la competencia desleal establece la prohibición de las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases, por ser contrarias a la democratización económica y por ser capaces de desplazar en forma real o potencial, total o parcial, a los sujetos de aplicación de este Decreto, que realicen una misma actividad económica, en perjuicio de éstos, o de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho al acceso oportuno y justo a bienes y servicios. La determinación de la existencia de una práctica desleal, no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización. No será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro competidor, de los consumidores o del orden público económico; basta constatar que la generación de dicho daño sea potencial, para que se apliquen las sanciones legales previstas en el ordenamiento jurídico que resulte aplicable. - Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos del presente Decreto, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea su forma, cuando dicha conducta tienda a impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia económica, atenten contra la eficiencia económica, el bienestar general y los derechos de los consumidores o usuarios y de los productores. - Se prevé la facultad del Presidente de la República en Consejo de Ministros de exceptuar la aplicación de las prohibiciones contenidas en este Decreto cuando lo considere conveniente al interés de la Nación, en los siguientes casos: 1. fijación directa o indirecta, individual o concertada de precios de compra o venta de bienes y servicios. 2. aplicación de condiciones diferentes en las relaciones comerciales, para prestaciones similares o equivalentes que ocasionen desigualdades en la situación competitiva, especialmente, si son distintas de aquellas condiciones que se exigirían de existir una competencia efectiva en el mercado. 3. salvo en los casos de descuentos por pronto pago, descuentos por volúmenes, menor costo del dinero por ofrecer menor riesgo y otras ventajas usuales en el comercio. 4. y representaciones territoriales exclusivas y las franquicias con prohibiciones de comerciar otros productos. Estas excepciones cumplirán de manera concurrente lo siguiente: Contribuir a mejorar la producción, comercialización y distribución de bienes, la prestación de servicios y promover el progreso técnico y económico; y aportar ventajas para los consumidores o usuarios. - La Superintendencia para la Promoción y Protección del Ejercicio de la Libre Competencia deberá adecuar su denominación a Superintendencia Antimonopolio, así como su estructura organizacional, dentro de un lapso de 90 días continuos contados desde la publicación de este decreto, prorrogable por una sola vez por igual periodo. - La Superintendencia Antimonopolio publicará informaciones de interés colectivo prefiriendo los medios telemáticos para su divulgación, reservando aquellas que por su naturaleza puedan afectar la seguridad de la Nación, en la forma, frecuencia, y contenido que se establezca en el reglamento del presente Decreto. - Se consagra que todas las personas naturales o jurídicas, que realicen actividades económicas en el país, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, deberán suministrar la información y documentación que les requiera la Superintendencia Antimonopolio. La solicitud de información indicará el lapso en el cual deberá presentarse la misma, asimismo el formato a ser utilizado. El incumplimiento de los lapsos de entrega de dicha información podrá dar lugar a la imposición de multas por parte de la Superintendencia Antimonopolio. - Se establece la prescripción de las infracciones relativas a la competencia desleal en tres años, y para las demás infracciones, al término de cinco años. La prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la infracción y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que haya cesado la continuación o permanencia del hecho. - En cuanto al régimen sancionatorio, se modificaron las multas que ahora pueden ascender hasta el 10% sobre el valor de los ingresos brutos anuales del infractor en caso de que concurran circunstancias atenuantes, y podrá ser incrementada hasta el 20% en el caso de concurrencia de circunstancias agravantes. Por concepto de reincidencia, la multa se incrementará a 40%. Los ingresos brutos anuales sobre los cuales se realizará el cálculo de la multa serán los correspondientes al ejercicio económico anterior a la resolución de la multa. - Multas accesorias por incumplimiento que varían entre el 1% y el 20% del valor del patrimonio del infractor. Posibilidad de incrementarlas sucesivamente en un 50% del monto original, en caso de no cancelación por parte del infractor. Igual sanción entre el 1% y 20% del valor del patrimonio del infractor aplica para toda infracción al Decreto que no sea expresamente castigada, a juicio de la Superintendencia. - La prescripción de las acciones por daños y perjuicios derivados de prácticas prohibidas es de tres años contados desde la fecha que la resolución de la Superintendencia haya quedado firme. - Son nulos de nulidad absoluta los actos o negocios jurídicos que tengan por causa u objeto las prácticas y conductas establecidas como prohibiciones de carácter general y de carácter particular, siempre que no estén amparadas por las excepciones previstas en el régimen de excepciones. La Ley regula aspectos contenidos en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.880 del 13 de enero de 1992; sin embargo, no consagra Disposición Derogatoria de la referida Ley. Este Decreto entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el 18 de noviembre de 2014.

Por: KPMG

 
Noviembre 25, 2014
Ley Antimonopolio aumenta multas
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