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Eliminación de ajuste por inflación a actividad financiera es confusa

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En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N°6.152 de fecha 18 de noviembre de 2014, fue publicado el Decreto N°1.435, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que reformó la Ley de Impuesto sobre la Renta del 16 de febrero de 2007.

La reforma legislativa abarcó aspectos, como las exenciones, deducciones, el ajuste por inflación, el traslado de pérdidas fiscales y la tributación para personas naturales.

En el caso del ajuste por inflación, la nueva Ley en su Artículo 173 excluyó de este sistema a los contribuyentes que realicen actividades bancarias, financieras y de seguros; mientras que el Artículo 195 ejusdem establece que la Administración Tributaria dictará las normas que regulen los asientos contables que deberán efectuar los contribuyentes que realicen actividades bancarias y de seguros, sin mencionar a las financieras, lo que, en nuestro criterio, podría generar dudas en cuanto al ámbito de aplicación de la exclusión.

Para determinar quiénes calificarían como sujetos de aplicación de la mencionada exclusión, en el caso de las actividades bancarias y financieras, se podría, en principio. acudir a la Ley de Instituciones del Sector Bancario, según la cual “… forman parte del sector bancario, público o privado, según corresponda, las sociedades de garantías recíprocas, fondos nacionales de garantías recíprocas, casas de cambio y los operadores cambiarios fronterizos, así como las personas naturales y jurídicas que prestan sus servicios financieros auxiliares, los cuales se denominan como instituciones no bancarias”, constituidas por “…las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico.

Igualmente quedan sometidas a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en cuanto les sean aplicables, las operaciones de carácter financiero que realicen los almacenes generales de depósitos, las sociedades de garantías recíprocas y los fondos nacionales de garantías recíprocas”.

Como se advierte, la Ley de Instituciones del Sector Bancario, cuyo texto alude a la “actividad financiera”, no solo regula la banca sino también a otro tipo de instituciones no bancarias, vinculadas con la intermediación financiera, cuya sujeción a la exclusión bajo análisis, podría no ser del todo clara, como ya mencionamos, atendiendo a lo previsto en el Artículo 195 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

De igual forma, nos preguntamos si podrían considerarse excluidos delsistema aquellos sujetos a los que alude la Ley que regula el mercado de valores, integrado por las personas naturales y jurídicas que participan de forma directa o indirecta en los procesos de emisión, custodia, inversión, intermediación de títulos valores, así como sus actividades conexas o relacionadas, cuyas operaciones se podría calificar como financiera.

En el caso de la actividad aseguradora, podría acudirse a la Ley de la Actividad Aseguradora que alude a las empresas de seguros, las de reaseguros, las sociedades de corretaje de seguros y las de reaseguros, las oficinas de representación o sucursales de empresas de reaseguros extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior, las asociaciones cooperativas que realicen operaciones de seguro, las empresas que se dediquen a la medicina prepagada, y, las empresas cuyo objeto sea el financiamiento de primas de seguro.

En síntesis, ante la variedad de sujetos que podrían estar excluidos en el sistema de ajuste por inflación, por realizar las actividades bancarias y de seguros, y, vista la amplitud del término “actividad financiera”, se hace necesario un pronunciamiento por parte del Reglamentista o al menos de la Administración Tributaria tendente a definir el ámbito de aplicación de la exclusión en comentarios.

Respecto al impacto de esta reforma, consideramos que para el Sector Bancario es considerable, por cuanto el ejercicio de su actividad de intermediación financiera, que consiste en la captación de fondos bajo cualquier modalidad y su colocación en créditos o en inversiones en títulos valores emitidos o avalados por la Nación o empresas del Estado, conlleva a que su posición monetaria sea activa, es decir, sus activos monetarios (efectivo, cartera de crédito, cartera de inversiones en bolívares fuertes) son generalmente superiores a sus pasivos monetarios; y, en una economía inflacionaria los activos monetarios pierden valor, por lo que el resultado del ajuste por inflación se traduce en una pérdida, que se reconoce en la conciliación fiscal de la renta, como una partida deducible que disminuye el enriquecimiento neto gravable, por ende el gasto de impuesto sobre la renta.

En el caso de la actividad aseguradora, observamos, de conformidad con la Ley de la Actividad Aseguradora, quienes la ejercen están obligados a constituir, representar y mantener reservas técnicas (pasivos monetarios) en los términos de dicha Ley; es decir, deben mantener activos aptos para representar las reservas técnicas en los siguientes porcentajes: no más del 30% en depósitos bancarios (activo monetario), no menos del 40% en títulos valores avalados o garantizados por la República (activo monetario) y no más del 30% en predios urbanos edificados (activo no monetario), lo cual conlleva a que su posición monetaria sea pasiva, por lo que el resultado del ajuste por inflación se traduce en una ganancia, que se reconoce en la conciliación fiscal de la renta, como una partida gravable que aumenta el enriquecimiento neto gravable y el gasto de impuesto sobre la renta.

En lo atinente a las providencias que la Administración Tributaria dictará a efecto de regular los ajustes contables que deberán realizar los contribuyentes que realicen actividades bancarias, de seguros y reaseguros, consideramos que además de aclarar si también incluye a la actividad financiera, deberían incluir un procedimiento para desmontar el sistema de ajuste por inflación fiscal en estas instituciones, y de esta manera, liberar el mayor valor concentrado en los activos no monetarios que no han sido depreciados o amortizados, tal y como ha ocurrido en otros países.

Finalmente, recordemos que la Ley se aplicará a los ejercicios que se inicien durante vigencia, es decir que para los sujetos que realizan actividades bancarías, financieras y de seguros, la exclusión aplicaría para el ejercicio que se inició el 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de 2015, por lo que deberían ser dictadas las providencias correspondientes antes de que culmine el presente ejercicio fiscal.

Por: Bricelis R. Rodríguez R.

Directora de Impuesto/KPMG

febrero 5, 2015
Eliminación de ajuste por inflación a actividad financiera es confusa
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