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Alto costo político frenó intervención de Polar

Empresas Polar

Al señalar que los trabajadores “no están preparados” para manejar la economía y, además, “no son capaces” de “ver el daño” que supuestamente hace la “oligarquía” a la economía, el presidente Nicolás Maduro reconoció un hecho que se hizo patente en los últimos 15 días: cualquier medida de intervención  o estatización, total o parcial, de Empresas Polar tendría un costo político enorme para su administración, al punto que sellaría una tendencia, prácticamente irreversible, de declinación política.

Fuentes cercanas al Gobierno indican que el primer mandatario había aceptado un plan, presentado por su ministro de Alimentación, Carlos Osorio, para “tomar” definitivamente todas las redes privadas de distribución de alimentos, especialmente la de Empresas Polar. Según este plan, ello permitiría redirigir los productos de una manera más adecuada con el objetivo de proyectar una sensación de reducción de la escasez, apalancándose en las redes privadas, de manera de centralizar el comercio al detal en aquellas poblaciones más numerosas. El objetivo de corto plazo: reducir las colas.

El Plan, según las fuentes, implicaba también la toma de otra cadena de automercados privada, en función de “fortalecer la red de Mercal y Pdval”. El presidente Maduro parece estar muy preocupado por la elevada inflación -extraoficialmente se dice que ya va por 45% acumulada a abril de 2015- y había ordenado establecer un control más estricto sobre las importaciones y la venta al detal de bienes esenciales, cosa que ya se viene haciendo, pero sin resultados positivos.

Polar atiende a más de 38.000 clientes a escala nacional, entre ellos más de 20.000 pequeños establecimientos en zonas populares y rurales. De manera que, según la visión de Osorio, hay que controlar esta estructura para “normalizar” el abastecimiento de alimentos, ya que según las premisas de su plan, la empresa no está cumpliendo las prioridades del Ejecutivo, según las cuales está fortalecer sus redes propias en sectores políticamente estratégicos.

Sin embargo, el Ejecutivo revisó varias encuestas, 3 muy recientes, en las cuales quedaba claro que más de 80% de los venezolanos está en contra de estatizar Polar, y, peor aún, más de 70% de los encuestados se manifestó en contra de que el Estado siga tomando activos productivos privados, porque la confianza en su administración apenas alcanza a 15%, según el promedio de los sondeos.

Las bases chavistas, aunque tienen, obviamente, más confianza en las ejecutorias del Gobierno, también se mostraron renuentes a la toma de empresas de alimentos y de sus centros de distribución, pues temen una agudización de la escasez.

También el aumento de la gasolina, otra medida que el presidente Maduro se proponía anunciar, incrementó sus niveles de rechazo, por cuanto la gente teme su impacto inflacionario y duda de la capacidad del Gobierno para manejarlo.

 

mayo 3, 2015
Alto costo político frenó intervención de Polar
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